Cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, especialmente en lo relacionado con el punto 1: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades campesinas, afrocolombianas y los pueblos indígenas y garantizar su acceso a la tierra, es uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro.
En ese orden un buen punto de partida para abordar este asunto es dirigir la mirada hacia las estrategias, avances y retos relacionados con este primer Acuerdo, el cual cuenta con 3 estrategias: (1) acceso y uso de tierras, cuyas metas son concretas: titulación de 3 millones de hectáreas, formalización y adjudicación de 7 millones de hectáreas, (priorizando a campesinos y campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria), y la actualización del catastro multipropósito (2) creación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y (3) Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, a través de los cuales se espera garantizar los bienes y servicios públicos rurales, como por ejemplo la infraestructura de vías, la salud y la educación, entre otros.
Tras 6 años de implementación, se cuenta con avances, pero preocupan las alertas de los reportes al seguimiento que coinciden en afirmar que no se encuentran progresos importantes. Meter el acelerador es la única opción para aprovechar la ventana de oportunidad que otorga el Acuerdo de Paz para cambiar las inequidades que alimentaron el conflicto durante años, y caminar decididamente y a buen ritmo hacia un escenario en el que Colombia tenga un campo más productivo, equitativo y sostenible, garantizando así, la seguridad y soberanía alimentaria y la conservación de los recursos naturales.
Plan Nacional de Desarrollo, 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” un nuevo impulso
Hace poco la ministra de agricultura Cecilia López Montaño se refirió al año 2023 como el año de la tierra; mencionando lo esperanzado que se encuentra el país con la reforma agraria. De otra parte, hace tan solo una semana conocimos el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta con la que el gobierno Petro avizora transformaciones en diferentes sectores. Este Plan está estructurado en cinco ejes, uno de ellos, el eje de ordenamiento del territorio alrededor del agua.
De acuerdo con lo que se evidencia en el documento, para este gobierno una de las herramientas para la reforma agraria será la Ley 160 de 1994, con modificaciones a los artículos 2 y 4 entre otros, por decirlo de alguna manera, la Ley se actualiza en correspondencia con los alcances de la Reforma Rural Integral que más allá de proponer un acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, busca mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos territoriales de las comunidades campesinas, afrocolombianas y pueblos indígenas. Esto en un claro reconocimiento a los derechos campesinos y con un alcance que supera la entrega de tierras y toca con la producción de alimentos y sus economías propias, buscando consolidar la Paz con enfoque territorial
En la configuración del Sistema el Plan se actualiza y se pone a tono de la apuesta por la Paz a través de 8 subsistemas: el de adquisición y adjudicación de tierras y procesos agrarios; el de delimitación, constitución y consolidación de zonas de reserva campesina; el de ordenamiento territorial y la solución de conflictos socioambientales; el de acceso a derechos y servicios sociales básicos, infraestructura física, y adecuación de tierras; el de la investigación, asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología y diversificación de cultivos; el de estímulo a la economía campesina, familiar, comunitaria; el de crédito agropecuario y gestión de riesgos, y el de delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas y territorios colectivos, considerando los saberes propios.
Ajustes y propuestas del PND
- Ley 160: se encuentran modificaciones en el programa de compra de tierras adecuándolo a la propuesta del actual gobierno.
- Decreto Ley 902 de 2017: se introducen cambios entre los que se destacan la creación de una nueva fuente de financiación para el fondo de tierras con destino al programa de compra de tierras a través del cobro de un porcentaje a los sujetos parcialmente onerosos.
- El PND establece una acción de titulación de la posesión para quien posea de manera material, publica, pacífica e ininterrumpida, durante tres (3) años, un inmueble rural de propiedad privada, previo cumplimiento de algunas condiciones y adicionalmente: reconoce la necesidad de formalizar mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial que incluyan los territorios como el SAT (Sistema de Administración de Tierras).
- El documento menciona el desarrollo de nuevas instancia para materializar el ordenamiento en torno al agua como los Consejos Territoriales del agua e incluye a otros sectores como el ambiental para que se constituyan concesiones para el uso forestal y la biodiversidad en zonas de reserva de ley 2 de 1959 y baldíos de la nación que podrán ser suscritos con las organizaciones y familias campesinas por 30 años renovables, con el objetivo de controlar la deforestación, la degradación de ecosistemas naturales y promover acciones de restauración y rehabilitación.
- En suma, con las nuevas apuestas, aún quedan preguntas de tiempos, financiación, participación entre otras, que seguramente en los siguientes días se irán respondiendo.
Una mirada hacia los avances para acelerar el ritmo
Teniendo en cuenta la urgencia de avanzar en la implementación de la Reforma Agraria, bien vale la pena tener una mirada generosa de los aprendizajes que se han obtenido durante implementación de políticas públicas para garantizar los derechos de la población y del desarrollo rural sostenible. Si bien hay un apremio por su puesta en marcha debido a los elementos que deben implementarse, me referiré solo a unos cuantos, a partir de la experiencia de varios años de trabajo de la FAO como cooperante técnico en procesos relacionados con la tenencia de la tierra en el país:
- Ordenamiento territorial y catastro multipropósito:
La búsqueda del bienestar de los habitantes del campo bajo una concepción de desarrollo rural integral enfocado en el beneficio público, la igualdad de género, la inversión en bienes públicos territoriales y el fortalecimiento de la agricultura familiar, se constituye en un desafío que comienza por alcanzar el acceso y la seguridad jurídica y física por parte de las comunidades rurales, garantizando con ello la sostenibilidad de sus medios de vida. Si bien, obtener formalmente el título de propiedad de la tierra es un elemento fundamental para acceder a la oferta de servicios del Estado, es clave que las comunidades cuenten con herramientas que les permitan aprovechar su tierra como recurso, lo que definitivamente es una labor intersectorial que además requiere la información y acción de los territorios.
El país cuenta con avances importantes y aprendizajes producto de la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) en 12 de los 59 municipios focalizados y la actualización del 20,35% del área geográfica del país a través del Catastro Multipropósito como herramienta fundamental para la administración y gestión de las tierras rurales, diseñada a partir del Acuerdo de Paz para el desarrollo de la RRI en Colombia.
Sobre el Catastro Multipropósito, se cuenta con experiencias ya implementadas en algunas regiones de Colombia, en el caso de la FAO se ha podido realizar la contribución técnica al fortalecimiento de los sistemas catastrales a través del apoyo a los catastros de tierras y el catastro ambiental en Brasil, así como el diseño e implementación de los métodos de levantamiento de información a partir de esquemas colaborativos cuya experiencia será ahora de interés para el manejo de la información y la sostenibilidad de los procesos a nivel territorial, que seguro pueden contribuir con el SAT. Estos esfuerzos enfocados en la participación informada, uso de software libre y el desarrollo de metodologías sociales participativas buscan contribuir a mejorar los tiempos, la sostenibilidad de la intervención y el uso de los recursos. Adicionalmente el país cuenta con la experiencia de procesos con la dirección técnica de la agencia suiza de cooperación SECO, las ayudas técnicas del BM, BID, USAID, KADASTER de Holanda, del Departamento Internacional del Reino Unido y de la Agencia Francesa de Desarrollo.
Jurisdicción Agraria / Justicia comunitaria
En el Acuerdo de Paz se determinó la creación de la jurisdicción agraria con el objetivo de resolver los conflictos relacionados con los derechos de propiedad y tenencia de las tierras rurales. Si bien es un asunto pendiente y necesario, el Gobierno ya se está trabajando en su materialización y a través del proyecto de acto legislativo presentado en primera vuelta en el Congreso (diciembre 2022), crea una nueva Corte que se encargaría de los asuntos agrarios en el país.
Sobre este particular, se espera que la nueva jurisdicción guarde coherencia con la demanda de particulares en la solución de la problemática agraria, tenga en cuenta los mecanismos alternativos de justicia comunitaria, y que además cuente con amplias competencias oficiosas, que permitan apreciar las técnicas sociales como herramienta probatoria en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra.
Adicional a los mecanismos formales de solución de conflictos, es clave fortalecer los mecanismos alternativos de justicia comunitaria. Por tratarse de instrumentos de solución de controversias y mecanismos que permitirán forjar la cultura del diálogo y entendimiento necesarias para la paz. De esta manera, no solo se permitirá la participación de los territorios en la solución de sus controversias sino en la construcción sostenible del tejido social.
Mercado de Tierras
El pasado 8 de octubre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó el Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial con la Federación Colombiana de Ganaderos en el que se propone la compra directa de 3 millones de hectáreas. Teniendo en cuenta la relevancia de este Acuerdo, como una apuesta de avance en la garantía de derechos de tenencia de personas y comunidades vulnerables, es clave tener en cuenta 4 aspectos frente a los que se reconoce el gobierno tendrá importantes desafíos.
- La fijación de precios a partir de los avalúos en los territorios.
- Los criterios de focalización no solo de los lugares en donde se iniciará el programa de compra de tierras, sino quienes serán los beneficiarios como se garantizará la participación de las organizaciones campesinas y étnicas.
- Condiciones de la tierra, calidad del suelo, la conectividad; se debe permitir el desarrollo del sector rural, la vida digna de los campesinos y la reducción del impacto ambiental de ciertas actividades económicas desarrollo. Además de cumplir con las condiciones de no tener limitaciones al dominio, no ser una ocupación indebida de bienes de la nación, bienes que hayan sido despojados en el marco de la ley 1448 de 2011.
- Territorios y población objetivo (priorización respondiendo a criterios integrales de análisis que incluyan también variables sociales relacionadas con la configuración territorial y con la reducción de brechas estructurales a las que se han visto enfrentadas poblaciones y grupos sociales específicos.
- Análisis de la oferta y la demanda y el control del mercado en esas zonas de parte del Estado para evitar la especulación del valor de la tierra.
Rol de la mujer rural:
En el marco de la medición del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5.a.1, los indicadores sobre la calidad y el acceso a la propiedad de la tierra en Colombia revelan diversas situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en dos sentidos: i) Solo el 36,3% de predios rurales con único/a propietario/a pertenecen a mujeres. El restante de 63,7% pertenecen a hombres., y ii) Los predios rurales de las mujeres únicas propietarias son más pequeños. El 75,1% son microfundios de menos de 3 hectáreas. Para los hombres esta cifra desciende a 62,1%, de acuerdo con cifras del DANE y ONU Mujeres.
Si bien es posible identificar avances normativos y de política que reconocen y buscan proteger sus derechos fundamentales, políticos y económicos de las mujeres, aún existen enormes retos en relación con la implementación efectiva de estas normas en relación a problemáticas específicas de tierras como las relacionadas con el reconocimiento y valoración de las actividades de economía del cuidado y la protección y promoción de derechos patrimoniales de las mujeres. Este tipo de desafíos pueden requerir el desarrollo de acciones de transformación y apropiación social pero también el análisis y la producción de información desagregada que permita analizar, planear y evaluar los impactos de la política de tierras en la vida de las mujeres rurales.
Adicionalmente, si bien las políticas públicas contemplan medidas para reducir la brecha de género y garantizar los derechos de tenencia de las mujeres rurales, el país tiene pendiente la tarea de analizar los resultados que ello ha generado sobre la vida y derechos de las mujeres a la tierra y al territorio. La FAO, en el marco de la aplicación de las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia (DVGT) y de su rol en la custodia del indicador 5.a (ODS 5) referente al acceso a tierras para las mujeres rurales, viene haciendo aportes metodológicos para el análisis de la contribución de los procesos de adjudicación de tierras en el reconocimiento de derechos de tenencia para las mujeres rurales, la transversalización del enfoque de género, así como para la medición de los avances relacionados y el fortalecimiento de procesos de recolección y estimación de datos, que debe pasar, entre otros, por el planteamiento y uso de indicadores robustos con información desagregada por género y el uso de instrumentos acordes a los desafíos, en los diferentes procesos que competen la apuesta de desarrollo rural. Esto a su vez debe extenderse al abordaje de otros enfoques diferenciales como el que implica jóvenes rurales.
Si bien lograr la Reforma Agraria implica la voluntad política del Gobierno, el gran reto es comenzarla de manera pacífica, como lo plantea el presidente Gustavo Petro para hacerla efectiva y legítima en los territorios.